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| Héctor Faúndez Ledezma |
Para este efecto, el Gobierno debía presentar información fidedigna, indicando los logros alcanzados, las dificultades encontradas y las tareas que están pendientes para garantizar plenamente nuestros derechos y libertades.
El contenido del informe del Estado pone mucho énfasis en los derechos sociales, al destacar las medidas adoptadas para erradicar la pobreza.
Pero esos datos no se corresponden con la realidad dramática de quienes, a pesar de los inmensos recursos que ha recibido el Estado, no ven que su situación haya mejorado, que el número de ranchos haya disminuido o que haya más fuentes de empleo para garantizarles un futuro más tranquilo.
No obstante el optimismo mostrado por el Gobierno en lo concerniente a los derechos a la educación o a la salud, el informe no indica cuántas escuelas o cuántos hospitales se han construido en esta última década.
Tampoco se refiere al deterioro de la educación, que permite graduarse de bachiller sin haber tenido un profesor de matemáticas, de física o de química, ni explica por qué el presupuesto de las universidades está congelado desde hace años, o por qué el número de médicos se ha reducido, y en algunas especialidades (como la neurocirugía) de manera dramática. Nada de eso sugiere que nuestra población tenga hoy mejor educación o más acceso a la salud.
El informe del Estado omite referirse a la falta de independencia del Poder Judicial, a las graves restricciones impuestas al ejercicio de la libertad de expresión, a la falta de acceso a información de interés público, o a los presos políticos.
Nada dice sobre la impunidad con que actúan los delincuentes o sobre la violencia en las cárceles. El informe tampoco se refiere al desacato a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han condenado a Venezuela por violaciones al debido proceso, a la libertad de expresión y al ejercicio de los derechos políticos mediante meras inhabilitaciones administrativas.
Todo esto fue objeto de severos cuestionamientos por parte de algunos de los Estados que participaron en el debate.
¿Cómo es que un gobierno que dice tener un firme compromiso con el respeto de los derechos humanos hostiliza el trabajo de los defensores de derechos humanos, y no permite una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
A diferencia de los casos particulares que se someten a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son decididos por un tribunal independiente e imparcial, sobre la base del derecho, aquí se trataba de un simple diálogo entre Estados, con el propósito de formular recomendaciones que les permitan a estos impulsar sus políticas públicas en un marco de libertad y de respeto por la dignidad individual.
Para un gobierno genuinamente respetuoso de los derechos humanos, ésta era una oportunidad para exhibir sus éxitos, y también para aprender de las experiencias de otros.
Por lo tanto, las recomendaciones formuladas por otros Estados no deberían molestar a nuestro canciller.
Según Hugo Chávez, la presentación del Informe de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos ha sido “una victoria de la revolución”.
Pero no hay tal cosa. Los derechos humanos son el reflejo de valores universalmente compartidos y no la creación de una ideología o de un gobierno; son los derechos del individuo frente al poder del Estado, cualquiera que éste sea.
De manera que, siempre que ellos logran prevalecer, ese es el triunfo de la civilización sobre la intolerancia y la barbarie.El Nacional 14.10.2011